Diputaciones andaluzas reclaman al Gobierno central la compensación a los ayuntamientos de la plusvalía

Reyes remarca la importancia de esta propuesta para que la modificación de este impuesto no suponga una merma en la prestación de servicios por parte de los consistorios

Las diputaciones de Jaén, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla han reclamado al Gobierno central que compense a los ayuntamientos por las pérdidas de ingresos en la recaudación de la plusvalía –impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana– y que promueva lo antes posible una iniciativa legislativa que reforme este impuesto teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004 de Haciendas Locales referentes a este tributo.

Así se ha acordado en el encuentro de trabajo que se ha celebrado hoy en la Casa Museo de los Ingleses de Punta Umbría por el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y sus homólogos de Huelva, Ignacio Caraballo; Cádiz, Irene García; Córdoba, Antonio Ruiz; Granada, José Entrena; y Sevilla, Fernando Rodríguez-Villalobos y que forma parte de las reuniones periódicas que llevan a cabo estas seis administraciones provinciales andaluzas para tratar temas de interés común.

Los responsables de estas diputaciones provinciales han señalado que la modificación de la recaudación del impuesto de la plusvalía realizada por muchos ayuntamientos, que han bajado o suspendido su aplicación para no perjudicar a los contribuyentes, supone una pérdida de ingresos importante para los consistorios, lo que puede derivar en una merma de los servicios públicos a la ciudadanía. Por ello, han acordado reclamar al Gobierno central la compensación a los consistorios del cien por cien de las devoluciones que tengan que realizar por la resolución del Tribunal Constitucional ante las reclamaciones de propietarios a los que se le cobró este tributo de forma indebida. También han solicitado al Ministerio de Hacienda que envíen una nota aclaratoria sobre el procedimiento que hay que seguir hasta la aprobación de la nueva ley.

Respecto a este asunto, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha señalado que “hay un diálogo y un principio de acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda. Lo único que queremos es que esta propuesta y este cumplimiento de sentencia por parte de los ayuntamientos vaya acompañado de un esfuerzo por parte del Gobierno de España para que los consistorios sigan percibiendo esos recursos para seguir prestando servicios e intentar que los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan infraestructuras y servicios de calidad”.

En este sentido, Reyes ha remarcado que lo que las seis administraciones provinciales andaluzas reclaman al Gobierno central es que “resuelvan la merma en cuanto a los ingresos que va a haber en los ayuntamientos de este país si el impuesto de la plusvalía desaparece cumpliendo las resoluciones judiciales que hay en España” y que la suspensión de este tributo no se realice “como ocurrió con el de actividades económicas para determinadas empresas, a costa de las espaldas de las entidades locales, lo que ha supuesto menos recursos para seguir mejorando las infraestructuras y servicios de este país”. 

También en este encuentro de trabajo, los responsables de las diputaciones de Jaén, Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla han exigido de nuevo la eliminación de la regla de gasto con el objetivo de que las administraciones provinciales y locales puedan invertir su superávit en actuaciones y proyectos, así como en la prestación de servicios públicos. En este sentido, han recordado que en torno al 70% de los ayuntamientos andaluces tienen un superávit que suma casi 1.500 millones de euros, una cantidad que no pueden invertir en sus respectivas localidades.

La reducción de más de un 30% de las oficinas de entidades financieras en las zonas rurales ha sido otro de los puntos abordados en esta reunión celebrada en Punta Umbría, ya que, tal y como se ha señalado, la desaparición de sucursales en el medio rural supone, por un lado, la desaparición de empleos y, por otro, perjudica el bienestar de la ciudadanía. En este sentido, han acordado solicitar al Gobierno de España una legislación que garantice la bancarización de los entornos rurales.

Además, también se han tratado en este encuentro de trabajo de estas seis diputaciones andaluzas las ayudas de la Junta de Andalucía para la mejora de los caminos rurales de esta comunidad autónoma. Las actuaciones que se realicen en el marco de las mismas serán financiadas en un 60% por el Gobierno andaluz, mientras que el 40% restante será sufragado por las administraciones provinciales y los ayuntamientos beneficiarios en función de su población.

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